Sobre el derecho a la defensa.

Todo ser humano debe ser escuchado y debe permitírsele probar su inocencia. En nuestro derecho, la inocencia es nuestro principio rector. Esto lo que implica es que salvo una condena definitiva que guarde las reglas mínimas de la legítima defensa (ser escuchado por un juez imparcial que pondere pruebas de absolución y condena sin prejuicios) debe presumirse que esa persona no cometió ningún acto ilícito, antijurídico y culpable o por su omisión permitió que otros lo cometiesen.

Muchas personas, incluyendo abogados, creen que el derecho a la defensa es un asunto que sólo se manifiesta en el área penal, y los más liberales lo llevan, con cortapisas, al terreno del derecho civil y derecho laboral. Nada más alejado de la realidad. En toda actividad humana donde se tenga que juzgar a otra persona se debe aplicar este derecho fundamental.

Un sector donde se violenta mucho eso es en materia disciplinaria. Se supone que, si va a amonestar o despedir un empleado, sea por la causal que sea, debe ser por causas comprobadas y luego de escuchar al empleado y verificar si la acusación corresponde.

Pero sabemos que no es así, y no sólo eso, sino que hacen actas o sentencias donde condenan al empleado y lo pintan de la peor forma, rayando muchas veces en la difamación e injuria contra ese ciudadano.  Y en muchos casos, el empleado, que es la parte más débil de este proceso, no tienen los medios económicos para demandar al empleador por esas prácticas desleales y hostiles, siendo ineficaces, por ende, los mecanismos judiciales.

El Estado, que debe ser garante de los derechos de los ciudadanos, muchas veces conculca los mismos. Por ello, me alegro al ver, que lentamente, los dominicanos estamos aprendiendo a exigir nuestros derechos con el fin de llevar al Estado a su legalidad.

Deseo que eventualmente se llegue a una cultura de respeto de los derechos fundamentales, no por represión, sino por el convencimiento de que la mejor y única dictadura que nos debe regir es la de las leyes, ya que estas son las garantes de la convivencia pacífica y civilizada en toda nación que se repute civilizada.